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Cuando era candidato presidencial, Barack Obama edificó gran parte de su perfil como un opositor firme a la arquitectura de defensa del presidente George W. Bush diseñada luego de los atentados del 9/11. Ni bien se ubicó en la Casa Blanca como el nuevo presidente de los Estados Unidos de América, Obama ordenó el cierre de la cárcel norteamericana de Guantánamo, ubicada en Cuba, en un plazo de un año, y anunció que los juicios a los allí detenidos pasarían de la jurisdicción militar a la civil. Dos años más tarde, firmó una orden ejecutiva que permitió la detención indefinida de los sospechosos encarcelados en Guantánamo; luego validó la vigencia de los tribunales militares.
Obama y el Partido Demócrata creyeron ser capaces de poder resolver la tensión permanente entre justicia y seguridad nacional que afrontan las democracias en tiempos de guerra. Su noción de que los combatientes enemigos sospechosos de terrorismo debían recibir la misma protección jurídica que los ciudadanos norteamericanos bajo la constitución nacional terminó chocando con las limitaciones que, tarde o temprano, la realidad política impone a los más nobles ideales. En enero de 2010, fue procesado en los Estados Unidos bajo cargos de intento de homicidio el nigeriano Umar Farouk Abdulmutallab, quién había fracasado en hacer estallar explosivos a bordo de un vuelo de Northwest Airlaines en la Navidad del 2009. La Administración Demócrata decidió juzgarlo en una corte civil, lo que significó darle el derecho a permanecer en silencio durante el interrogatorio y el beneficio de un abogado. De allí en más, el estado se vio forzado a negociar información sensible a cambio de concesiones en la penalidad eventual.
Un año después, la Casa Blanca cambió radicalmente de actitud. En septiembre de 2011, un avión militar no tripulado sobrevoló Yemen y disparó un misil contra un automóvil que transportaba a jihadistas, entre ellos a Anwar al-Awlaki, uno de los más altos líderes de Al-Qaeda. Awlaki había sido uno de los entrenadores de Abdulmutallab. A diferencia de éste, era ciudadano americano. Eso significó que Barack Obama autorizó la eliminación violenta de un compatriota sin detención ni juicio previo, ni siquiera en un tribunal militar en Guantánamo. Para entonces resultaba evidente que el presidente Obama miraba al mundo de modo diferente que el candidato Obama. De hecho, el actual presidente amplió el uso de aviones militares no tripulados contra terroristas islamistas en Pakistán, Afganistán, Somalia y Yemen. Según un estudio de la New America Foundation, desde que Obama asumió el poder, hubo doscientos cuarenta ataques de este tipo que mataron a mil trescientas personas sospechosas de terrorismo solamente en Pakistán. Durante todo el mandato del presidente Bush hubo cuarenta y cuatro ataques de este tipo en Pakistán que mataron a unos cuatrocientos presuntos islamistas.
Esto no fue fruto de un abandono de principios, sino de un reconocimiento de que preservar ciertos valores en tiempos de guerra suele ser desafiante para las democracias. Guantánamo no es un ideal de la democracia, es apenas una herramienta necesaria en la lucha contra el terror. Su permanencia es testimonio de que en las guerras, las elecciones suelen ser entre lo malo y lo peor.
Originalmente publicada en El Telégrafo (Ecuador)