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Con la retirada israelí de Gaza se ha reanimado el entusiasmo mundial a propósito del prospecto de la independencia palestina, y, con ella, la necesidad de apuntalar la gestación del estado futuro mediante vasta asistencia económica. Así, ya durante el mes previo a la implementación del programa de desconexión, el encuentro del G-8 concluyó con una decisión de doblar la asistencia económica internacional a la Autoridad Palestina, ubicándola en los u$s 2 mil millones anuales. Esta es la continuación de un patrón de generosidad global con la causa palestina nacido con los Acuerdos de Oslo de 1993. Inicialmente, la ayuda internacional para los territorios autónomos palestinos fue de u$s 250 millones por año, se duplicó durante el período del llamado proceso de paz a u$s 500 millones por año, y se duplicó una vez más a u$s 1.000 millones anuales a partir del comienzo de la intifada “Al-Aqsa”. Esta cifra sería ahora también duplicada hasta llegar a los u$s 2 mil millones por año, el equivalente a u$s 600 per cápita; un importe diez veces mayor al objetivo económico delineado para el continente africano según la iniciativa del team Live8-Bob Geldof-Tony Blair.
Para el economista estadounidense Patrick Clawson (de quién he tomado los datos arriba presentados), la Autoridad Palestina no está en condiciones de absorber eficientemente semejante caudal de dinero. Gran parte será malgastada, robada, malversada, o desperdiciada (o un poco de todas esas opciones), lo que fomentará mayor desconfianza popular con la dirigencia palestina y creará inestabilidad política interna. Este observador reconoce que los palestinos son pobrísimos y dependen de ayuda humanitaria, pero sugiere que el problema no yace en la cantidad de asistencia que se pueda brindar, sino en de que manera tal asistencia será distribuida. Ejemplo: en 1993 el Banco Mundial estimó que los palestinos necesitarían cerca de u$s 1.500 millones para el siguiente lustro. Con clásica bondad, la comunidad internacional prometió u$s 3.500 millones, de los cuales había efectivamente asignado u$s 2.500 millones para cuando arribó el año 1998. La asistencia per cápita del año 1997 solamente para los territorios era de u$s 203; en marcado contraste con la totalidad de la asistencia humanitaria mundial a la India del mismo año que era de u$s 2 por persona.
Vale decir que la ayuda económica global para los palestinos fue considerablemente mayor que lo recomendado por el Banco Mundial y muy por encima de lo otorgado a países mucho más pobres. A pesar de lo cuál, la economía palestina no se transformó en el vaticinado Singapur del Medio Oriente sino en una de las entidades más problemáticas de la región. Pues tal como Clawson postula, lo importante no es la cantidad de asistencia, sino como ésta será empleada. Más relevante aún, sin una reforma política adjunta a la inyección monetaria, difícilmente pueda mejorar la situación, dado que más dinero no hará de culturas viciadas entidades más benignas, sino que las dejará simplemente más corruptamente enriquecidas. Y algo más pertinente todavía: la noción subyacente a estos programas asistenciales es que la eliminación de la pobreza palestina allanará el camino hacia la paz, un punto cuestionable en el mejor de los casos. Claramente, existen otros impedimentos a la consecución de la paz en la zona que trascienden el status económico del individuo en la sociedad palestina -desde el fanatismo religioso hasta el revanchismo nacionalista y desde el extremismo ideológico hasta el imperialismo territorial- que ningún programa económico, por más generoso que sea, podrá por sí mismo resolver.
No obstante, la familia de las naciones parece estar decidida a brindar dinero -y en grandes cantidades- a los palestinos. En este contexto, es atinado preguntarse cuál ha sido el papel que sus hermanos árabes han jugado en este campo hasta el momento y cuanto han contribuido a esta mancomunada campaña contra la pobreza en las zonas palestinas, especialmente cuando el precio del barril de crudo ha cruzado los u$s 70.
Según datos presentados por el analista británico Simon Henderson, los estados árabes se comprometieron a adjudicar u$s 999 millones a la AP durante el año 2004, de los cuáles tan solo u$s 107 millones fueron entregados. De esta cifra, u$s 92 millones provinieron de los cofres de Arabia Saudita que cumplió de esta manera con la suma prometida, aunque luce pequeña si se tiene en cuenta los u$s 20 mil millones de ingreso adicional que obtuvo el año pasado Ryhad respecto de sus ingresos del año 2003 por ventas de crudo. Henderson pone estos números en perspectiva al destacar que la contribución saudita a la AP equivale a u$s 252.000 por día, un importe no mucho mayor a los u$s 150.000 que el Rey Fahd y su entorno gastaron en arreglos florales durante las vacaciones del monarca en el sur de España en el 2002. Los Emiratos Árabes Unidos tuvieron un ingreso por venta de petróleo de u$s 30.000 millones el año pasado, prometieron u$s 43 millones a los palestinos y terminaron entregando ni un centavo. Tan solo dos casos ilustrativos de la mezquindad fraternal de países ricos en petróleo, cuya OPEP (excluyendo a Irak) ganó durante el 2004 u$s 45.000 millones más que lo que había ganado durante el 2003.
Si las naciones árabes ricas en petróleo prácticamente no asisten al pueblo palestino porque no confían en la transparencia de las finanzas palestinas, o porque son simplemente avaras, o porque prefieren apoyar a los palestinos en tiempos de lucha (¿cómo olvidar los famosos cheques sauditas e iraquíes para las familias de los terroristas-suicidas durante la actual intifada?) más que en tiempos de calma, merecería una exploración aparte. Lo que hemos de destacar ahora es la errónea actitud occidental de saturar con fondos a una entidad en apariencia incapacitada de administrarlos eficientemente y de contribuir abundantes montos que deberían ser aportados en primer lugar por quienes poseen los activos suficientes para hacerlo y comparten además responsabilidad estatal en la gestación de este tortuoso conflicto que hoy están llamados a subsanar.