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A medida que se acrecienta la evidencia del radicalismo del presidente iraní, en tanto más ciudadanos israelíes sufren los embates de cohetes lanzados por agrupaciones terroristas patrocinadas por Teherán y soldados norteamericanos mueren en Irak y en Afganistán en manos de milicias armadas por Irán, a la par que la República Islámica anuncia haber cruzado aún otra meta más en el sendero nuclear y se suceden nuevas y frágiles resoluciones en la ONU, resulta cada vez más claro que la comunidad internacional parece haberse resignado a la pronta realidad de un Irán nuclear.

Las disparatadas afirmaciones del presidente iraní (el Holocausto es un mito, no hay homosexuales en Irán) y sus peligrosas amenazas (Israel debe ser borrado del mapa, Irán será nuclear, quieran o no), así como las excentricidades varias organizadas por Teherán (desde la conferencia “Un Mundo Sin Sionismo” del 2005 hasta la competencia de caricaturas negadoras del Holocausto del 2006), y el progreso en su programa nuclear, han generado mucha conmoción mediática y considerable actividad diplomática, pero hasta el momento no han despertado la determinación mundial mancomunada necesaria para definitivamente frenar las ambiciones abrumadoramente hostiles del régimen teocrático iraní. Ambiciones, cabe acotar, globalmente publicitadas por Teherán.

Ya pasaron cinco años desde aquel momento en el año 2002 en que el proyecto nuclear iraní adquirió atención pública a partir de una denuncia efectuada por miembros de la oposición local. Durante el período 2003-2005, Francia, Alemania y Gran Bretaña probaron la vía diplomática suave, vale decir, diálogo con Teherán, ofrecimientos de incentivos, concesiones comerciales, etc, nada de lo cuál logró disuadir a los ayatollahs de su objetivo nuclear. Una oferta rusa de enriquecimiento de uranio iraní en suelo ruso fue igualmente rechazada por Teherán. Para cuando Washington logró derivar el dossier iraní al Consejo de Seguridad de la ONU y eventualmente adoptar dos resoluciones condenatorias, la república islámica ya había logrado enriquecer uranio en cascadas de más de tres mil centrifugadoras y su presidente disponía de la confianza tal para despreciar dichas resoluciones y aseverar que su país sería, tarde o temprano, nuclear. La oposición rusa y china a nuevas y robustas sanciones es tan decidida que Estados Unidos, junto con su nuevo aliado, la Francia de Nicolás Sarkozy, está explorando el canal de sanciones fuera del marco de la ONU. Y aún así, conforme ha informado el Wall Street Journal, dichas sanciones aparentemente no incluirán la importación iraní de combustible refinado, que representa el 40% de su consumo interno, y es por razones obvias su Talón de Aquiles más expuesto. Incluso en Washington subsiste la corriente de apaciguamiento: cuando recientemente la Casa Blanca quiso designar a las Guardias Revolucionarias Iraníes como una organización terrorista, el Departamento de Estado se opuso y efectivamente trabó la iniciativa por aprehensión a la repercusión en algunas cancillerías.

La brecha entre declaraciones ofuscadas y acciones prácticas puede ser especialmente apreciada en la política iraní de la Alemania de Angela Merkel. Durante su discurso de septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ella comparó a Mahmoud Ahmadinejad con Adolf Hitler. No obstante, apenas una semana previa a este discurso, su propio Ministerio de Economía esponsoreó una feria de promoción de lazos comerciales entre compañías alemanas e iraníes en la localidad de Darmstadt. Alemania es uno de los principales socios comerciales de Irán, habiendo exportado u$s 5.000 millones solamente el año pasado. Según Yossi Klein Halevi, corresponsal en Israel de la revista The New Republic, cinco mil firmas alemanas -incluyendo a BASF, Siemens, Mercedes y Wolkswagen- continúan operando comercialmente en la teocracia musulmana. Ya se ha criticado desde esta columna la visita de la Orquesta Sinfónica de Osnabruck a Teherán. Que músicos alemanes estén tocando para los ayatollahs iraníes a la par que empresas alemanas comercian con Irán bajo el patrocinio del gobierno alemán, es un trasfondo que no cuaja muy bien con la vehemencia de Merkel en la ONU. China y Rusia al menos no fingen. El problema no es la hipocresía alemana solamente. Durante el período 2000-2005, el comercio entre la Unión Europea y la República Islámica de Irán casi se ha triplicado. Irán destinó el 70% de ese ingreso a su programa nuclear.

La ambivalencia occidental es ubicua. Muy simbólicamente quedó captada en la abominable invitación que extendiera la Universidad de Columbia al líder iraní y la esquizofrénica recepción que le dio su presidente Lee Bollinger al tildar a Ahmadinejad de “mezquino y cruel dictador” habiéndole cedido el prestigioso podio y una inmerecida legitimidad. Más grave aún ha sido la afirmación implícita de la universidad, que, al invitar a un incitador al aniquilamiento de Israel, ha involuntariamente anunciado que apoyar u oponerse al genocidio contra el pueblo judío es un tópico legítimo de debate, tal como ha observado Caroline Glick del Jerusalem Post. Las cálidas recepciones brindadas al déspota iraní en Bolivia y Venezuela marcan, a su vez, una triste página en la historia política latinoamericana.

La familia de las naciones cuenta con instrumentos jurídicos y diplomáticos suficientes como para detener al actual provocador régimen iraní. Tal como juristas internacionales han señalado, Ahmadinejad continuamente está violentando la Convención contra el Genocidio que expresamente prohíbe “la incitación pública y directa al genocidio”. E Irán continuamente comete crímenes contra la humanidad con cada acto de terror que apaña, viola resoluciones de las Naciones Unidas con cada paso que da hacia la procuración nuclear, y ofende a la Declaración Universal de los Derechos Humanos con cada acción de represión interna que toma. Todos estos abusos ya han sido tolerados por demasiado tiempo. Cada día que pasa acerca más a Teherán al umbral nuclear y al mundo libre a una situación de exposición insostenible. Lo más trágico de este asunto es que al optar por no transitar aquellos caminos que pacíficamente llevarían al ostracismo iraní, el mundo libre está estrechando su propio margen de acción, dejándose a sí mismo enfrentado a la última de las alternativas: la vía militar.

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Rara es la ocasión en la que un analista político se ve inclinado a reflexionar sobre un concierto de música clásica. Pero éste no fue un concierto ordinario. Cuando la Orquesta Sinfónica de Osnabruck tocó la Obertura Leonore de Beethoven, el Concierto No. 3 de Elgar, y la Cuarta  Sinfonía de Brahms a fines de agosto en Teherán, sus músicos quebraron un tabú impuesto por los revolucionarios khomeinistas y llevaron música clásica occidental –por primera vez en 28 años, aparentemente- a la tierra en la que los ayatollas la habían declarado ilegal. Tan seriamente se habían tomado los gobernantes iraníes este asunto, que, según el periódico ABC de España, si la televisión es autorizada a emitir conciertos, los instrumentos no deben ser jamás mostrados. Aún así, “hay gente que no ve la televisión para evitar escuchar música” ha explicado al Financial Times el director de la sinfónica iraní Nader Mashayekhi. En el año 2005, el actual presidente iraní recomendó a radios y televisoras no transmitir música occidental; la “recomendación” del dictador no fue completamente acatada, más la música occidental sigue siendo una rareza en Irán. Mahmoud Ahmadinejad no asistió al concierto, pero sí lo hicieron 900 selectos invitados entre los cuales se encontraba el Ministro de Cultura y hubo una excitada recepción popular.

La coincidencia del concierto histórico con un feriado nacional en el que los diarios no se publican podría haber influido en la mezquina cobertura periodística local ante lo que fuera de las fronteras de Irán ha sido presentado como un evento trascendental. “Pareciera que el concierto nunca hubiera ocurrido: nadie ha reportado nada acerca de él” protestaba ante la agencia noticiosa Associated Press un ciudadano iraní. Aún así, es dable suponer que todo el asunto pudo haberse tratado de un ejercicio de diplomacia cultural orquestado (para usar libremente el término) por las autoridades de un país bajo observación internacional por su programa clandestino de enriquecimiento de uranio, por su promoción del terrorismo desde Irak y Afganistán hasta El Líbano y la Franja de Gaza, y por sus llamados a la aniquilación de Israel. De integración cultural o intercambio musical ciertamente no se trató: el servicio secreto impidió a los músicos iraníes entablar contacto con ninguno de sus sesenta pares alemanes.

Pero más allá de la motivación iraní, es la conducta de estos músicos alemanes lo verdaderamente perturbador. En momentos en que el mundo libre se debate como contener la agresividad de la República Islámica, en que en el recinto de las Naciones Unidas se estudian nuevas sanciones y la imposición de embargos militares, en tiempos en los que algunas naciones contemplan la posibilidad de la guerra de ser necesario para privar a los ayatollhas anti-beethovianos de su arma nuclear, galantemente ellos van a maquillar políticamente a Teherán, a camuflar la imagen internacional de un estado hostil detrás de la cortina de un acontecimiento cultural, a silenciar el sentimiento anti-occidental del Irán de Ahmadinejad con los acordes sonoros de una tolerancia inexistente. Que cultura y política no se deberían mezclar sería un punto a considerar sino fuera porque el propio impulsor de la iniciativa, el alemán Michael Dreyer, las mezcló. Y lo hizo a favor de Irán. Ha dicho que las guerras no son buenas, que su música aspiraba a evitar toda opción militar y que un ataque a Irán “supondría el mayor desastre imaginable para el mundo”. ¿Mayor que un hongo nuclear sobre Berlín? Hemos de suponer que sí.

En las semanas previas al arribo de la orquesta alemana a Teherán, mientras sus músicos ensayaban en la localidad de Osnabruck si tal o cuál nota debía ser elevada o si tal o cuál violín habría sonado demasiado sutilmente, en Irán, al menos 118 personas fueron ejecutadas por ahorcamiento y cuatro lapidadas. Otras 150 ya habían sido condenadas a muerte por ahorcamiento o lapidación para las siguientes semanas, según informara Saeed Mortazavi, el fiscal general islámico. Algunas de las ejecuciones han sido televisadas. Desde el 21 de marzo, comienzo del nuevo año iraní, unos treinta activistas -entre gremialistas, estudiantes, periodistas o clérigos disidentes- han desaparecido. Desde abril, conforme ha anunciado Ismael Muqaddam, comandante de la policía islámica, alrededor de 430.000 hombres y mujeres fueron arrestados bajo cargos de consumir o comercializar drogas. Otros 4200 fueron detenidos por “patoterismo” solamente en Tehéran. Desde la institución del nuevo código de vestimenta islámico en mayo del año pasado por el parlamento, cerca de un millón de hombres y mujeres han sido arrestados. La mayoría ha estado detenida unas horas o unos días, ha explicado Muqaddam, pero para principios de agosto, al menos 40.000 permanecían encarcelados. Según Hussein Zulfiqari, subjefe de la policía, más de 3100 parejas no casadas han sido arrestadas bajo cargos de “proximidad sexual”. Tal ha sido la represión interna y tantos los detenidos que el titular del servicio penitenciario nacional, Ali-Akbar Yassaqi, solicitó una moratoria de arrestos. Dijo que las 150.000 personas actualmente encarceladas triplicaban la cantidad de prisioneros que las cárceles iraníes podían albergar. Las 130 prisiones oficiales que Irán posee no resultan suficientes para Ahmadinejad. Ya se ha ordenado la construcción de otras 33 prisiones en tanto que hay trabajo en curso para transformar 41 edificios públicos en cárceles. Asimismo, más de 25.000 gremialistas han sido despedidos, 3000 estudiantes expulsados, 4000 sitios de internet bloqueados, 30 periódicos y revistas clausurados, y 17 periodistas arrestados de los cuales dos han sido sentenciados a muerte. (Para mayor información ver la nota de Amir Taheri, “Domestic Terror in Iran” publicada en The Wall Street Journal el 6/8/7).

A la luz de este escalofriante cuadro, la intención anunciada de Michael Dreyer, el músico-líder de Osnabruck, de dar un concierto en Teherán para mostrar que en Irán “hay lugar para la vida, más allá de la imagen habitualmente mostrada”, luce morbosamente desubicada. No menos fuera de lugar, cabe acotar, resulta la liviana indiferencia con la que los músicos alemanes han tomado las amenazas genocidas iraníes contra los casi 6 millones de judíos que viven en Israel. Durante la Segunda Guerra Mundial, el obispo Berning de Osnabruck fue un simpatizante nazi que envió un ejemplar de un libro de su autoría a Hitler “como signo de mi veneración” y que fue nombrado miembro del Consejo de Estado de Prusia por el alto jerarca nazi Goering. Que ahora los 60 músicos de la Orquesta Sinfónica de Osnabruck toquen para un nuevo Hitler, es un signo de lo poco que han cambiado algunas cosas en algunos lugares.

Originalmente publicado en Libertad Digital

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Entre 1789 y 1884, Perú y Bolivia se enfrentaron en el campo de batalla con Chile en la llamada Guerra del Pacífico. Como consecuencia de ese episodio bélico, Lima y La Paz perdieron su territorio costero sur y su salida al mar, respectivamente. Ciento veintitrés años después, los roces entres estas naciones continúan.

En la más reciente instancia, acaecida a mediados de agosto, el gobierno peruano publicó una nueva cartografía en la que se adjudicó 35.000 kilómetros cuadrados del Océano Pacífico que están bajo la soberanía chilena, conforme a la opinión de Santiago. El incidente causó una álgida reacción diplomática chilena. El gobierno de Michelle Bachelet hizo saber su “más formal protesta”, rechazó el mapa armado por Lima, y convocó en “consulta indefinida” a su embajador en Perú. La cancillería tildó de “agresiva” la actitud de su vecino del norte, en tanto que el jefe de la diplomacia Alejandro Foxley advirtió que su país está preparado “para cualquier escenario” indicando que Chile está bien capacitado “para enfrentar esta situación o cualquier otra”. Los parlamentarios elevaron aún más el nivel de la retórica condenatoria de la actitud peruana, definiéndola como “una abierta provocación” (Patricio Walker, presidente de la Cámara de Diputados), “un hecho extraordinariamente grave” (Jorge Tarud, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados), “una virtual declaración de guerra” (senador Sergio Romero), y “una provocación de insospechadas consecuencias” (senador Juan Antonio Coloma). Dado este clima político, la aseveración del subsecretario de relaciones exteriores Alberto Van Klaveren en el sentido de que Chile ve con “seria preocupación” la movida peruana, pareció sintetizarlo todo.

Dada la gravedad de los acontecimientos, es llamativo que no se haya convocado aún a las Naciones Unidas, cuya experiencia en el manejo de otras disputas territoriales de alta conflictividad, podría ser puesta al servicio de la resolución de esta contienda singular. Su Consejo de Seguridad, por caso, podría adoptar una resolución bajo la consigna de “Agua por Paz” que instara a las partes ha realizar concesiones de soberanía marítima en aras del bien común. Ambas naciones tendrían la ocasión de probar ante propios y ajenos su vocación pacifista y abandonar toscos reclamos nacionalistas que solo contribuyen a exacerbar una atmósfera ya de por sí muy exaltada. Los versados funcionarios de la ONU podrían dar clases maestras a los chilenos y peruanos referentes a la necesidad de resolver esta crisis tan absolutamente crucial para la paz latinoamericana, y advertir -en los términos contundentes que la gravedad de la situación requiere- que la perpetuación temporal de sus posturas intransigentes solo fomentarán mayor desesperanza popular que derivará en más extremismo regional. El secretario-general bien haría en designar un enviado especial dotado de un mandato robusto para persuadir a las partes litigantes del cese de las hostilidades verbales. Diplomáticos europeos sin demora deberían ya estar organizando la próxima Conferencia Internacional para la Paz en Latinoamérica a la que Chile y Perú serían instados a asistir so pena de recibir sanciones comerciales. Los siempre activos gremios británicos podrían contribuir al mantenimiento de la paz peruano-chilena lanzando campañas de boicots contra aquel país que persistiera en su nacionalismo recalcitrante, en tanto que las universidades norteamericanas podrían promover iniciativas de desprendimiento económico para motivar a las partes a reconsiderar sus nociones de  patriotismo. Asimismo, la prensa internacional no debería dejar de utilizar esta excelente oportunidad para alertar a la opinión pública mundial acerca del peligroso sentimentalismo que aún subsiste en ciertos pueblos amantes del expansionismo territorial y excesivamente apegados a su pasado. Esto es lo menos que los pueblos del mundo libre deben hacer por la paz.

Del otro lado del Océano Atlántico, existe un pequeño país cuya existencia -en su totalidad, no solo una parte de ella- no figura en casi ninguna de las cartografías de sus vecinos. En esos mapas, sus fronteras son borradas y toda su área geográfica -a grandes rasgos del mismo tamaño del área disputada entre chilenos y peruanos- queda desaparecida en los mapas oficiales, educativos, mediáticos, y populares de la región. No se trata de forzar en estas líneas un enfoque comparativo ni precipitarse a conclusiones demasiado obvias o  demasiado triviales, quizás. Simplemente, no podemos evitar ceder ante la tentación del sarcasmo crítico a propósito de una situación que, con todo lo seria que ella indudablemente es, no deja de echar luz sobre la brecha existente entre la prédica moralista a la que las naciones suelen someter a ese país invisible en las cartografías del Medio Oriente y la propia conducta ante situaciones semi-similares aunque infinitamente menos amenazantes. Deseamos una pronta y pacífica resolución de esta disputa a nuestros hermanos latinoamericanos, y esperamos que este incidente diplomático sirva para sensibilizar a protagonistas y testigos por igual respecto de las realidades que otras naciones, en otras regiones, cotidianamente deben enfrentar.

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La semana pasada la Administración Bush anunció su decisión de reforzar militar y económicamente a sus aliados claves del Medio Oriente. A lo largo de una década, Israel recibiría u$s 30.000 millones, Egipto u$s 13.000 y Arabia Saudita y los demás países del Golfo Pérsico otros u$s 20.000 millones. Israel y Egipto han sido los dos mayores receptores de asistencia financiera y militar estadounidense por ya casi tres décadas, y si bien Arabia Saudita es también un aliado clave de Washington (a partir de la dependencia petrolera), la decisión de incluirla en el paquete, no obstante, ha sido recibida con escepticismo en no pocos rincones de Israel y el propio Estados Unidos.

Tal escepticismo deviene de la naturaleza del régimen saudí así como de la sospecha de un giro en la política exterior de esta Casa Blanca. Luego del 11 de septiembre de 2001, la Administración Bush comprendió que era imperativa una reevaluación de las premisas de la política exterior hacia el Medio Oriente. Un comunicado de la Casa Blanca dio expresión a esa inquietud: “Por medio siglo, el objetivo primario de Estados Unidos en el Medio Oriente fue la estabilidad…El 11/9, comprendimos que años de perseguir la estabilidad para promover la paz nos ha dejado sin ninguna. En lugar de ello, la ausencia de libertad ha hecho del Medio Oriente una incubadora de terrorismo. El status quo pre-11/9 era peligroso e inaceptable”. De aquí surgió la impetuosa corriente democratizadora para esta región, la cuál al cabo de estos años parece no haber colmado sus propias expectativas. Con esta última decisión de apuntalar a la monarquía feudal de Ryhad, Washington parece haber abandonado su noción libertadora de manera definitiva.

Es cierto que la determinación de reforzar con arsenal político, económico y militar a aliados regionales es eminentemente lógica. Ante el avance del shiísmo extremista iraní, por un lado, y el del  sunismo radical de Al-Qaeda y Hamas, por el otro, luce sensata la idea de ayudar a aquellos países interesados en contener dichas amenazas. Ello a su vez podría servir de aliciente para que aquellas naciones como Siria, que están hoy bajo la órbita iraní, revean su actitud al apreciar los beneficios del tutelaje americano. No es casual que integrantes del Eje del Mal regional hayan protestado contra esta iniciativa. Además, tal como analistas han señalado, un abandono americano de la Casa de Saúd sería contraproducente para Washington sin una contrapartida de mejoramiento en la conducta saudí. Ryhad podría adquirir armamento de otros proveedores internacionales, al hacerlo no solo permanecería bien armada sino que dejaría de depender de USA para el mantenimiento y actualización de sus equipos, algo que debilitaría políticamente a Washington ante Ryhad.

Aún así, las dudas persisten. Primeramente, cabe preguntarse que tan necesitada de asistencia económica podría Ryhad estar a la luz del ingreso de u$s 650.000 millones que ha tenido la OPEP el año pasado, de la cuál Arabia Saudita es su principal miembro. En segundo lugar, la conducta política de Ryhad ha dejado mucho que desear como para ameritar semejante premio. Aún continúa poco dispuesta a cooperar en la estabilización de Irak, a controlar el financiamiento que sus muchos príncipes dan al integrismo islámico, a endurecer su relación con Hamas, a normalizar seriamente sus vínculos con Israel, a liberalizar su política interna, o a detener la promoción de educación jihadista en sus mezquitas. Seis años después de que 15 sauditas participaran del peor atentado terrorista en suelo norteamericano, el 45% de todos los terroristas suicidas en Irak hoy son saudíes, según nos informa el diario Los Angeles Times. Y por supuesto, está el tema de la inestabilidad oficial. Tal como ha indicado Bret Stephens del Wall Street Journal, la edad  de los actuales dirigentes sauditas anuncia su inminente partida, y con ellos quizás la gobernabilidad. El Rey Abdulah, actual líder, nació en 1924. Su sucesor designado, el Príncipe Sultán, nació en 1926. Los siguientes en la línea son el príncipe Nayef, que nació en 1933, y el príncipe Salman de 1935. Otros candidatos posibles son el Príncipe Bandar (de 58 años) que por ser presumiblemente hijo de una esclava no sería elegible, y el Príncipe Saud al-Faisal (de 67 años) que tiene problemas de salud. Y luego restan una docena de príncipes multimillonarios como condimento perfecto para la intriga palaciega. Como trasfondo, la posibilidad de un golpe de estado islamista no es descabellada (y con este escenario el nuevo armamento en sus manos). Con lo cuál, resulta cuestionable la noción de invertir tanto en una monarquía no del todo cooperativa, no del todo estable, y no del todo amigable.

En la actual coyuntura geopolítica, reforzar a los saudíes es lógico. Queda por ver si es prudente y a largo plazo conveniente.

Artículo publicado originalmente en Libertad Digital