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La semana pasada la Administración Bush anunció su decisión de reforzar militar y económicamente a sus aliados claves del Medio Oriente. A lo largo de una década, Israel recibiría u$s 30.000 millones, Egipto u$s 13.000 y Arabia Saudita y los demás países del Golfo Pérsico otros u$s 20.000 millones. Israel y Egipto han sido los dos mayores receptores de asistencia financiera y militar estadounidense por ya casi tres décadas, y si bien Arabia Saudita es también un aliado clave de Washington (a partir de la dependencia petrolera), la decisión de incluirla en el paquete, no obstante, ha sido recibida con escepticismo en no pocos rincones de Israel y el propio Estados Unidos.
Tal escepticismo deviene de la naturaleza del régimen saudí así como de la sospecha de un giro en la política exterior de esta Casa Blanca. Luego del 11 de septiembre de 2001, la Administración Bush comprendió que era imperativa una reevaluación de las premisas de la política exterior hacia el Medio Oriente. Un comunicado de la Casa Blanca dio expresión a esa inquietud: “Por medio siglo, el objetivo primario de Estados Unidos en el Medio Oriente fue la estabilidad…El 11/9, comprendimos que años de perseguir la estabilidad para promover la paz nos ha dejado sin ninguna. En lugar de ello, la ausencia de libertad ha hecho del Medio Oriente una incubadora de terrorismo. El status quo pre-11/9 era peligroso e inaceptable”. De aquí surgió la impetuosa corriente democratizadora para esta región, la cuál al cabo de estos años parece no haber colmado sus propias expectativas. Con esta última decisión de apuntalar a la monarquía feudal de Ryhad, Washington parece haber abandonado su noción libertadora de manera definitiva.
Es cierto que la determinación de reforzar con arsenal político, económico y militar a aliados regionales es eminentemente lógica. Ante el avance del shiísmo extremista iraní, por un lado, y el del sunismo radical de Al-Qaeda y Hamas, por el otro, luce sensata la idea de ayudar a aquellos países interesados en contener dichas amenazas. Ello a su vez podría servir de aliciente para que aquellas naciones como Siria, que están hoy bajo la órbita iraní, revean su actitud al apreciar los beneficios del tutelaje americano. No es casual que integrantes del Eje del Mal regional hayan protestado contra esta iniciativa. Además, tal como analistas han señalado, un abandono americano de la Casa de Saúd sería contraproducente para Washington sin una contrapartida de mejoramiento en la conducta saudí. Ryhad podría adquirir armamento de otros proveedores internacionales, al hacerlo no solo permanecería bien armada sino que dejaría de depender de USA para el mantenimiento y actualización de sus equipos, algo que debilitaría políticamente a Washington ante Ryhad.
Aún así, las dudas persisten. Primeramente, cabe preguntarse que tan necesitada de asistencia económica podría Ryhad estar a la luz del ingreso de u$s 650.000 millones que ha tenido la OPEP el año pasado, de la cuál Arabia Saudita es su principal miembro. En segundo lugar, la conducta política de Ryhad ha dejado mucho que desear como para ameritar semejante premio. Aún continúa poco dispuesta a cooperar en la estabilización de Irak, a controlar el financiamiento que sus muchos príncipes dan al integrismo islámico, a endurecer su relación con Hamas, a normalizar seriamente sus vínculos con Israel, a liberalizar su política interna, o a detener la promoción de educación jihadista en sus mezquitas. Seis años después de que 15 sauditas participaran del peor atentado terrorista en suelo norteamericano, el 45% de todos los terroristas suicidas en Irak hoy son saudíes, según nos informa el diario Los Angeles Times. Y por supuesto, está el tema de la inestabilidad oficial. Tal como ha indicado Bret Stephens del Wall Street Journal, la edad de los actuales dirigentes sauditas anuncia su inminente partida, y con ellos quizás la gobernabilidad. El Rey Abdulah, actual líder, nació en 1924. Su sucesor designado, el Príncipe Sultán, nació en 1926. Los siguientes en la línea son el príncipe Nayef, que nació en 1933, y el príncipe Salman de 1935. Otros candidatos posibles son el Príncipe Bandar (de 58 años) que por ser presumiblemente hijo de una esclava no sería elegible, y el Príncipe Saud al-Faisal (de 67 años) que tiene problemas de salud. Y luego restan una docena de príncipes multimillonarios como condimento perfecto para la intriga palaciega. Como trasfondo, la posibilidad de un golpe de estado islamista no es descabellada (y con este escenario el nuevo armamento en sus manos). Con lo cuál, resulta cuestionable la noción de invertir tanto en una monarquía no del todo cooperativa, no del todo estable, y no del todo amigable.
En la actual coyuntura geopolítica, reforzar a los saudíes es lógico. Queda por ver si es prudente y a largo plazo conveniente.
Artículo publicado originalmente en Libertad Digital